Un testimonio ciudadano ha puesto en evidencia la existencia de actos de corrupción en el proceso de obtención de licencias de conducir en Guayaquil. Según el relato, una aspirante logró la aprobación de su examen práctico mediante el pago de un soborno al instructor, quien verificó la entrega del dinero en la guantera del vehículo sin evaluar las capacidades reales de la conductora. Este hecho permite que personas sin la preparación necesaria obtengan el permiso para circular por las vías públicas.
En la ciudad operan más de 200 escuelas de conducción encargadas de la formación y evaluación práctica de los postulantes. Para obtener una licencia no profesional, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) requiere el título de conductor, el permiso de aprendizaje y la aprobación del examen psicosensométrico. A pesar de estos requisitos, la falta de controles rigurosos genera preocupación, especialmente ante las cifras de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), que reportó cerca de 3,000 siniestros de tránsito en Guayaquil hasta el mes de agosto.
Ante esta problemática, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 3 de septiembre una reforma que exige un proceso de evaluación obligatorio para todas las escuelas de conducción, tanto profesionales como no profesionales. El objetivo de la normativa es reforzar la fiscalización y garantizar que quienes obtienen un documento habilitante posean las competencias técnicas y prácticas necesarias para garantizar la seguridad vial.
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