Justicia bajo sospecha: la promesa legislativa que ignora la impunidad estructural

La Asamblea Nacional anuncia una nueva reforma para endurecer las sanciones contra jueces vinculados al crimen organizado, intentando apaciguar el clamor ciudadano ante un sistema judicial que ha permitido la liberación sistemática de cabecillas. Sin embargo, este anuncio llega tarde frente a una crisis de seguridad que ya ha cobrado miles de vidas y que ha dejado en evidencia que la corrupción judicial no es un fenómeno nuevo, sino un engranaje consolidado dentro del Estado.

El legislador a cargo del proyecto justificó la medida asegurando: "Estamos trabajando en una reforma legislativa que permita sancionar con mayor severidad a los jueces que se presten para el cometimiento de actos ilícitos en beneficio de bandas criminales". Esta declaración, aunque ambiciosa en el papel, omite explicar cómo se garantizará la independencia de los organismos de control para que esta normativa no se convierta en un simple saludo a la bandera mientras las estructuras criminales siguen operando desde los tribunales.

El ciudadano común, que vive bajo el asedio de la extorsión y la violencia, observa con escepticismo cómo el poder político intenta limpiar su imagen mediante leyes punitivas sin abordar la depuración profunda de la Función Judicial. La falta de resultados concretos en la fiscalización de magistrados cuestionados sugiere que, más allá de los discursos grandilocuentes, la impunidad sigue siendo el beneficio más rentable para quienes tienen el poder de dictar sentencias en el Ecuador.