La gestión actual navega en una incertidumbre peligrosa, caracterizada por la ausencia de una hoja de ruta definida y una fiscalización que brilla por su ausencia. Mientras el país se desangra ante una crisis de seguridad sin precedentes, el Ejecutivo esquiva la responsabilidad de transparentar el uso de los recursos del Estado, dejando a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad frente a posibles irregularidades.
La falta de rendición de cuentas ha encendido las alarmas en diversos sectores que exigen respuestas inmediatas ante la improvisación. Sobre este escenario de desconfianza, diversos analistas y actores políticos han señalado que "es necesario que el Ejecutivo rinda cuentas de manera periódica y que se establezcan mecanismos de control ciudadano más robustos para evitar cualquier tipo de irregularidad en el manejo de los fondos públicos".
El silencio oficial ante las demandas de transparencia no es solo una falta política, sino un golpe directo al bolsillo del ciudadano que financia un aparato estatal cada vez más cerrado. La falta de mecanismos de control efectivos abre la puerta a la discrecionalidad, mientras las promesas de eficiencia se diluyen en un discurso carente de acciones concretas que garanticen la integridad del erario nacional.
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Fuente original: Sonorama Nuevo dia