En septiembre se registraron 1.101 protestas ciudadanas en Venezuela; de ellas 531 —casi la mitad, a razón de 18 manifestaciones diarias— estuvieron motivadas por cortes prolongados en el servicio eléctrico, según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela. El deterioro del suministro golpea también con fuerza al sector productivo. De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura Industrial del III trimestre de 2026 de Conindustria, para el 71 por ciento de las empresas encuestadas, las fallas en el servicio eléctrico constituyen el principal factor que frena la producción y le resta competitividad al sector.
Entre julio y septiembre de 2026, las empresas manufactureras acumularon, en promedio, 231 horas laborables sin electricidad, equivalentes al 44 por ciento de su jornada laboral, lo que generó 34.230 dólares en costos operativos adicionales mensuales por empresa. La crisis ya alcanzó a la capital. El pasado 16 de noviembre, los alcaldes de los municipios Baruta, El Hatillo y Los Salias solicitaron al Ejecutivo Nacional declarar la emergencia por crisis de luz y agua en la Gran Caracas.
Expertos alertan de que la reforma mantiene el control político, la discrecionalidad y la inseguridad jurídica, por lo que la apertura a la inversión privada podría no ser suficiente para resolver la crisis eléctrica que afecta a la población y al aparato productivo del país.
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Fuente original: DW en Español - Economía y Negocios (Internacional General)